No es hasta el 02 de octubre de 2018 que la publicación de la Ley 39/2015 del 02 de octubre de 2016 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la cual regula la práctica de las notificaciones en España a través de medios electrónicos, produce efecto. Vencida la fecha, el plazo se amplía dos años más.
Posteriormente, y según el Real Decreto Ley 27/2020 del 04 de agosto de medidas financieras de carácter extraordinario y urgencia, aplicables a las entidades locales, se establece una nueva prórroga de seis meses -esta vez motivada por la crisis sanitaria del COVID-19- y con fecha de finalización a 02 de abril de 2021, para la entrada en vigor de las previsiones relativas con:
- registro administrativo de apoderamientos,
- registro electrónico,
- empleados públicos habilitados,
- punto de acceso general electrónico de la administración (PAGe)
- y archivo único electrónico.
Dicha Ley tiene como objeto implantar la administración electrónica en los trámites y la validación de requisitos de los ciudadanos, acortar los tiempos de presentación de las solicitudes, notificaciones y respuestas y mejorar así la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
En este sentido, se esperan desde abril publicaciones con nuevas directrices referentes a la entrada en vigor del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas para seguir avanzando en la transformación digital de las notificaciones electrónicas.
Desde Arintass, podemos ayudarle a obtener y/o actualizar su certificado electrónico, así como asesorarle en la gestión de su dirección electrónica habilitada, que conlleva el cumplimiento en forma y plazo de todas las responsabilidades que pudiesen generar las notificaciones recibidas de los diferentes entes públicos:
- Agencia Estatal de Administración Tributaria,
- Tesorería General de la Seguridad Social,
- Dirección General de Tráfico,
- Tablón Edictal Único,
- Gencat,
- Lexnet,
- Administraciones de Ayuntamientos,
- Comunidades Autónomas,
- Tribunales,
- Dirección General de Comercio y Consumo,
- SEPBLAC
- y Agencia Española de Protección de Datos.
